JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO Y JUICIOS DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTES: SG-JDC-4049/2018 Y ACUMULADOS

ACTORES: VANESSA SÁNCHEZ VIZCARRA Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SINALOA

TERCEROS INTERESADOS: JORGE IVÁN VILLALOBOS SEAÑEZ Y OTROS

MAGISTRADO ELECTORAL: EUGENIO ISIDRO GERARDO PARTIDA SÁNCHEZ

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA: CHRISTIAN ANALÍ TEMORES OROZCO

Guadalajara, Jalisco, veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho.

El Pleno de esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, en sesión pública de esta fecha, dicta

SENTENCIA

Mediante la cual modifica la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa, el cinco de septiembre de dos mil dieciocho, al resolver el expediente TESIN-REC-01/2018 y acumulados, que confirmó la asignación de diputados por el principio de representación proporcional realizada por el Consejo General del Instituto Electoral de dicha Entidad.

1. ANTECEDENTES DEL ACTO IMPUGNADO

De las demandas y demás constancias que integran los presentes juicios, se desprende lo siguiente:

1.1. Jornada Electoral. El uno de julio de dos mil dieciocho,[1] se llevó a cabo la jornada electoral para elegir, entre otros cargos, a los integrantes del Congreso en el Estado de Sinaloa.

1.2. Cómputo estatal y asignación de diputados por el principio de representación proporcional. El domingo ocho de julio, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa llevó a cabo el cómputo estatal de la elección de diputados por el principio de representación proporcional, declaró la validez de la elección y realizó la asignación de diputados por el principio en mención, mediante acuerdo IEES/CG086/18, conforme a lo siguiente:

2. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN LOCALES

2.1. Demandas. Con fecha doce de julio, los partidos del Trabajo, Revolucionario Institucional; así como los ciudadanos Iliana Quintero León, Vanessa Sánchez Vizcarra, Mario Imaz López y Gomer Monarrez Lara presentaron, entre otros, sendos escritos de demanda en contra de la asignación anterior.

2.2. Sentencia (acto impugnado). Una vez sustanciados los medios de impugnación que tuvieron origen en las demandas de referencia, estos se resolvieron de forma acumulada por el Tribunal Electoral Estatal de Sinaloa, mediante sentencia de cinco de septiembre pasado, dictada dentro de los autos del expediente TESIN-REC-01/2018 y sus acumulados,[4] en el sentido de confirmar la asignación en comento.

3. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN FEDERALES

3.1. Demandas. Inconformes con lo anterior, el once de septiembre, se interpusieron las siguientes demandas:

3.2. Recepción de los expedientes en esta Sala Regional y turno. Los escritos de demanda de los medios de impugnación referidos, fueron recibidos en este órgano jurisdiccional regional los días once y catorce de septiembre, por lo que la Magistrada Presidenta de esta Sala ordenó la integración de los expedientes y turnarlos a la ponencia del Magistrado Electoral Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,[5] conforme a lo siguiente:

3.3. Sustanciación. Una vez recibidos en ponencia, cada expediente fue sustanciado conforme a lo siguiente:

4. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Esta Sala Regional correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene jurisdicción, y es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver los presentes medios de impugnación;[10] lo anterior, por tratarse de diversos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y de revisión constitucional electoral, promovidos por diversos ciudadanos y ciudadanas, así como partidos políticos, a fin de combatir la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa, mediante la cual confirmó la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional para el Congreso de Sinaloa; ámbito territorial y cargo electivo, de la competencia y jurisdicción de esta Sala Regional.

5. ACUMULACIÓN

De la lectura integral de las demandas, se advierte que los institutos políticos y las ciudadanas y ciudadanos accionantes, controvierten la misma resolución, por lo que existe conexidad en la causa al haber identidad en la autoridad señalada como responsable y en el acto impugnado.

En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley de Medios, 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 79 y 80, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y con la finalidad de que sean resueltos de manera conjunta para facilitar su congruente, pronta y expedita resolución, resulta procedente la acumulación de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SG-JDC-4059/2018, SG-JDC-4060/2018 y SG-JDC-4061/2018, así como de los juicios de revisión constitucional electoral SG-JRC-165/2018 y SG-JRC-166/2018, al diverso juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SG-JDC-4049/2018, por ser este el más antiguo.

Por lo anterior, deberán glosarse copias certificadas de los puntos resolutivos de esta sentencia a los expedientes acumulados.

6. REQUISITOS DE PROCEDENCIA

Requisitos generales de procedencia de las demandas.

En los juicios en estudio, se encuentran satisfechos los requisitos indicados en los artículos 8, 9, párrafo 1, 79, párrafo 1, 80, párrafo 2, 86 y 88, de la Ley de Medios, como se advierte enseguida.

6.1. Forma. Los escritos reúnen los requerimientos generales ya que se hace constar el nombre del accionante; se identifica la resolución impugnada y la autoridad responsable; se mencionan los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que en concepto de los partidos, las ciudadanas y los ciudadanos les causa el acto combatido, así como los preceptos presuntamente violados, se consigna la firma autógrafa, y se ofrecen pruebas (con independencia de que las mismas se hubieran o no admitido).

6.2. Oportunidad. De igual manera, fueron promovidos en forma oportuna, pues de las constancias que obran en autos se advierte que la sentencia controvertida fue notificada a cada uno de los accionantes el siete de septiembre,[11] de manera que si las demandas se interpusieron el once siguiente, se encuentran dentro de los cuatro días que señala la ley adjetiva en la materia.

6.3. Legitimación y personería. Es de señalarse que se tiene por acreditada la legitimación de los accionantes, al tratarse de partidos políticos, ciudadanos y ciudadanas; y las personas quienes suscriben los ocursos tienen reconocida la personería y carácter que ostentan,[12] por la autoridad responsable al rendir los informes circunstanciados respectivos.

6.4. Interés jurídico. Los partidos políticos, ciudadanos y ciudadanas accionantes cuentan con interés jurídico para interponer los presentes juicios, ya que la resolución combatida confirmó la asignación de diputados por el principio de representación proporcional realizada por el consejo general del instituto electoral estatal, misma que aducen les causa una afectación a su esfera jurídica de derechos, como contendientes en la elección de legisladores en comento.[13]

En cuanto a los requisitos especiales de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, como de los juicios de revisión constitucional, se tienen igualmente por colmados atento a lo siguiente:

6.5. Definitividad y firmeza. Se debe precisar que el acto controvertido reviste el carácter de definitivo y firme,[14] pues en la legislación local de Sinaloa, no se advierte la procedencia de un medio de defensa para combatir los actos dictados por el tribunal responsable.

Requisitos especiales de procedibilidad de los Juicios de Revisión Constitucional Electoral.

6.6. Preceptos constitucionales vulnerados. En los escritos de demanda, se alega la violación a los artículos 1°, 4°, 6°, 7°, 16, 17, 35, 41, 116 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Resulta oportuno precisar, que esta exigencia debe atenderse en sentido formal, es decir, como un requisito que alude a la mera cita textual de los preceptos constitucionales, mas no como el análisis previo de los agravios propuestos por la parte actora, en relación con una violación concreta de un precepto de la Norma Rectora, en virtud de que ello implicaría entrar al estudio del fondo de la controversia planteada.[15]

6.7. Violación determinante. Se colma este requisito, pues los agravios se encaminan a revocar la resolución reclamada, y así realizar una nueva asignación de diputaciones por el principio de Representación Proporcional.[16]

6.8. Reparación material y jurídica. También se encuentran colmados, toda vez que la legislatura de Sinaloa se instalará a partir del uno de octubre del año de la elección[17] por tanto, en caso de acogerse las pretensiones de los accionantes, la reparación en estudio sería posible y oportuna.[18]

7. ESCRITOS DE COMPARECENCIA DE TERCEROS INTERESADOS

En los presentes juicios se reconoce a los partidos políticos y al ciudadano, el carácter de terceros interesados con que comparecen, conforme lo establece el artículo 17, párrafo 4, de la Ley de Medios en los términos siguientes:

7.1. Forma. Los escritos fueron presentados ante el Tribunal responsable, en ellos consta el nombre del candidato, así como la denominación del partido político, nombre y firma autógrafa de la persona que se ostenta como su representante; el domicilio para recibir notificaciones, y las pruebas en su caso ofrecidas.

7.2. Oportunidad. De igual manera, los ocursos se encuentran interpuestos dentro del plazo de setenta y dos horas, como se advierte a continuación:

7.3. Interés jurídico y pretensiones concretas. Los partidos políticos y el ciudadano precisan la razón de su interés jurídico, para desestimar las pretensiones de los accionantes (a la luz de sus agravios) y que pueda confirmarse lo ahí controvertido, de los juicios en los que comparecieron.

7.4. Personería y personalidad. Está acreditada la personería de los terceros interesados, como representantes propietarios de los partidos políticos,[19] así como la personalidad en la calidad de candidato del ciudadano compareciente.

7.5. Procedibilidad.

Así, al tenerse por satisfechos los requisitos exigidos por la ley para la procedencia de los juicios de protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos y de revisión constitucional electoral que se resuelven, corresponde realizar el estudio de los motivos de inconformidad planteados por los accionantes.

Asimismo, al estar colmados los requisitos legales para su comparecencia, se les reconoce el carácter de terceros interesados a quienes comparecieron a los presentes juicios.

8. SÍNTESIS DE AGRAVIOS Y METODOLOGÍA DE ESTUDIO

En virtud de que no existe disposición legal que lo exija, se omite la transcripción de los agravios que formulan los accionantes, señalándose a continuación, y a partir de la lectura integral de los escritos de demanda, una síntesis de tales motivos de disenso y por los que a juicio de los impetrantes debe revocarse la resolución impugnada.

Para el análisis respectivo, se procederá en primer orden, al estudio individual de los agravios identificados como C) y G), ulteriormente, se abordarán los agravios K) y J), así como F) e I), pues de prosperar alguno de ellos, traería consigo la modificación en el desarrollo del procedimiento y fórmula de asignación, es decir, dejaría sin efectos la realizada por el consejo general del organismo público local electoral de Sinaloa y confirmada por el tribunal responsable.

Posteriormente, se continuará con el estudio conjunto de los agravios D) y E) pues de resultar eficaces, implicarían un replanteamiento sobre los parámetros de análisis a los límites de sobre y subrepresentación de las fuerzas contendientes.

Enseguida, se proseguirá con el estudio del agravio H), y una vez determinada la asignación correspondiente, se realizará el análisis de los agravios A) y B), relativos a la asignación de diputaciones en observancia al marco normativo en cuestión de género.

9. ESTUDIO DE FONDO

9.1. Agravio C) Indebido desarrollo de la fórmula de asignación ante la sub representación de diversos partidos

El agravio deviene inoperante pues se trata de una reproducción de lo hecho valer ante la instancia primigenia como se evidencia enseguida:

De lo anterior se tiene que al resultar idénticos tales motivos de disenso, se deja de combatir los razonamientos expuestos por el tribunal responsable al emitir la sentencia impugnada y por los que sostuvo, que el desarrollo de la fórmula de asignación de diputación por el principio de representación proporcional realizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa era correcto, de modo que estos siguen rigiendo el sentido de tal fallo.[21]

9.2. Agravio G), La Coalición Juntos Haremos Historia como unidad para efectos de asignación

Señalan tanto el Partido del Trabajo como la ciudadana Iliana Quintero León, que la responsable para revocar la asignación de diputados por el principio de representación proporcional en Sinaloa, consideró -al amparo indebido de la tesis XXIII/2007 de este Tribunal- a la Coalición Juntos Haremos Historia como una unidad, es decir, como si se tratara de un solo instituto político, con lo que vulneró la normativa aplicable, de la que se desprende que tanto la asignación de diputaciones por dicho principio como el análisis a los límites de sub y sobre representación, se realizará por partidos políticos en lo individual y no por coaliciones.

El agravio deviene inoperante pues parte de la premisa falsa de que el tribunal responsable revocó la distribución de diputados por el principio de representación proporcional realizada por la autoridad administrativa electoral de la entidad, no obstante, como se advierte de la sentencia impugnada, específicamente del punto 11.2, el órgano jurisdiccional local confirmó la asignación en comento, entre otras cuestiones, precisamente por haber desarrollado la asignación correspondiente a partir de la votación y representación obtenidas por cada uno de los partidos políticos contendientes, esto es, de manera individual y no como una unidad, en los casos de aquellos que integraron alguna coalición, de ahí que, ante el error del  que parte el motivo de reproche en estudio no puedan prosperar las alegaciones de los enjuiciables al respecto.

9.3. Agravios K) y J), F) e I), Variación de la litis, incongruencia externa, falta de exhaustividad, indebida fundamentación, motivación y valoración de pruebas

En primer orden, se tiene que Iliana Quintero León refiere -agravios K) y J)- que tres de los cinco distritos de mayoría considerados por el origen de los candidatos para el Partido del Trabajo, en realidad debían sumarse a MORENA, para efectos del análisis de sobre representación, en razón que tales candidatos tenían una militancia activa en este último instituto político, por lo que debió aplicarse la teoría del levantamiento del velo de la persona jurídica.

Asimismo, dicha ciudadana se duele de que el tribunal responsable haya considerado que en su demanda primigenia, estaba controvirtiendo el convenio y/o el registro de candidaturas de la coalición Juntos Haremos Historia, pues no fueron esos los actos impugnados en aquella instancia, sino el impacto que tenían en la asignación de diputados de representación proporcional, toda vez que al resultar ganadores candidatos no militantes del Partido del Trabajo, ello inhibió su derecho a acceder a una diputación por el principio en comento.

Señala a su vez, que el tribunal local determinó que los candidatos pueden ser postulados por un partido político distinto, y que por tanto, eran de computarse cinco candidatos de mayoría para el Partido del Trabajo, con lo que dejó de realizar un estudio pormenorizado y exhaustivo tanto de los planteamientos y precedentes invocados, como de las pruebas que ofertó, pese a que estas últimas eran documentales públicas con las que se acreditaba de manera fehaciente la militancia activa de tales candidatos electos en MORENA.

Tales motivos de reproche resultan infundados pues contrario a lo que señala la ciudadana enjuiciable, sus reproches sí se enfocan a demostrar una supuesta simulación y fraude a la ley en el convenio de la coalición Juntos Haremos Historia, suscrito por los partidos del Trabajo, MORENA y Encuentro Social, ante la presunta indebida postulación de candidatos ajenos al primero de los institutos.

Se afirma lo anterior, pues aun cuando la incoante afirma que no se encuentra controvirtiendo el convenio en cita ni el registro de candidatos, sino su impacto en la asignación de diputaciones, lo cierto es que al sostener que el tribunal responsable debió considerar el origen y militancia activa y real de los candidatos postulados por la coalición referida, evidentemente pretende so pretexto de la asignación de diputación por el principio de representación proporcional, cuestionar la distribución de candidaturas de mayoría relativa realizada mediante el convenio de la Coalición Juntos Haremos Historia.

No obstante, como militante del Partido del Trabajo, integrante de la coalición en comento, se encontró en posibilidad de cuestionar en el momento oportuno, la forma de celebración y aprobación del convenio de referencia, pues al amparo de su militancia, cuenta con interés para controvertir los actos de su partido[22] según se desprende de los artículos 40, párrafo 1, inciso h), de la Ley General de Partidos Políticos, 15, incisos a), b), k) y n), 16, incisos c), g) y s), 53, 54, 55 Bis y 55 Bis 3, fracción I, inciso a), del Estatuto del Partido del Trabajo, situación que en la especie, no aconteció.

Lo anterior, aun cuando el veintitrés de enero pasado, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, aprobó mediante acuerdo IEES/CG008/18,[23] la solicitud de registro del convenio de coalición parcial para postular veintidós fórmulas de candidaturas a diputaciones por el sistema de mayoría relativa, así como candidaturas integrantes de ayuntamientos en dieciséis de los dieciocho municipios del Estado de Sinaloa, por los partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, para contender en el proceso electoral local 2017-2018.

Convenio cuya publicación se realizó además en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, el veintiséis de enero siguiente[24] -en cumplimiento del punto SÉPTIMO del propio acuerdo IEES/CG008/18-, de donde se desprende la distribución completa de las candidaturas para cada partido político coaligado.

De ahí que, desde su publicación en el periódico oficial, tal convenio fue de conocimiento general,[25] de modo que, toda vez que la actora fue candidata a diputada por el principio de representación proporcional en dicha entidad federativa por el Partido del Trabajo, se presume la sujeción al régimen de observancia general de la publicación oficial,[26] por lo cual estuvo en aptitud de conocer el origen y adscripción partidista que se convino para los candidatos a diputados de mayoría relativa, como se advierte a continuación:

Asimismo, se tiene que mediante acuerdo IEES/CG040/18,[27] del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa dictado el diecinueve de abril del año en curso, se aprobó el registro de candidaturas a diputaciones por el sistema de mayoría relativa, presentadas por la Coalición Juntos Haremos Historia, en el proceso electoral local 2017-2018, lo que fue hecho del conocimiento público el veinticinco de abril pasado, a través del Periódico Oficial El Estado de Sinaloa,[28] y del que es posible desprender el nombre de las y los candidatos participantes, así como de acuerdo al convenio de coalición, el partido postulante de su candidatura y su adscripción en caso de obtener el triunfo, como se advierte enseguida:

De ahí que se insiste, la ciudadana actora estuvo en aptitud jurídica de inconformarse del origen y adscripción fijada para los candidatos de su partido atendiendo al conocimiento del nombre de las y los candidatos postulados por los partidos políticos integrantes de la Coalición Juntos Haremos Historia -por lo menos desde su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa el veinticinco de abril pasado-, no obstante, esto no sucedió, por lo que ello se tuvo por consentido tácitamente, al no haberse interpuesto por su parte medio de impugnación alguno en su contra, dentro del plazo señalado por la ley.

En esa tesitura, el análisis de sub y sobre representación para la asignación de diputación de representación proporcional, no implica, ni aun al amparo de las finalidades del principio de representación proporcional -reflejar la representación de cada fuerza política en la integración del órgano y alcanzar el pluralismo político- una nueva oportunidad para cuestionar o realizar un escrutinio sobre el origen o adscripción de las candidatas y los candidatos registrados por la Coalición Juntos Haremos Historia -pese a las pruebas que se oferten o se solicite recabar al respecto-, pues para entonces, tales cuestiones se encontraban ya aprobadas y sancionadas en cuanto a su constitucionalidad y legalidad por el Consejo General del Instituto Electoral Sinaloense.

Conforme a ello, y tomando en consideración el principio de definitividad de las etapas del proceso electoral, es dable establecer que lo aquí reclamado es en todo caso -y contrario a lo que afirma la accionante-, constitutivo de hechos relativos a actos no combatidos oportunamente y, en consecuencia, consumados de modo irreparable, debido a que ya surtieron sus efectos y consecuencias; por lo que, física y jurídicamente, no es posible restituirlos al estado en que estaban antes de la violación alegada, pues aun cuando le asistiera la razón a la accionante -sobre lo cual no se prejuzga-, no se podrían retrotraer sus efectos.

Ello es así, en razón de que los actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades electorales, con motivo del desarrollo de un procedimiento electoral, adquieren definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que se emiten; [29] lo cual se prevé con la finalidad esencial de otorgar certeza en el procedimiento electoral y seguridad jurídica a los sujetos de derecho que participan en esa elección.[30]

Finalmente, en cuanto a que el tribunal responsable dejó de pronunciarse respecto al precedente ST-JRC-213/2015 que en aquella instancia invocó, así como que dejó de considerar los votos particulares de la Consejera Pamela San Martín y el Magistrado Reyes Rodríguez en el SUP-RAP-360/2018, tales alegaciones devienen inoperantes.

Esto, pues el criterio que se sostuvo en lo que interesa en el precedente invocado, relativo a que los partidos coaligados tienen la obligación de señalar en el convenio respectivo que de obtener el triunfo este se contabilizará para el partido en el que el candidato milita, fue objeto de una contradicción de criterios -como se señala en el expediente en comento-[31] de la que derivó la jurisprudencia 29/2015[32] de rubro: CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. PUEDEN SER POSTULADOS POR UN PARTIDO POLÍTICO DIVERSO AL QUE SE ENCUENTRAN AFILIADOS, CUANDO EXISTA CONVENIO DE COALICIÓN.

En ese sentido, si bien la promovente afirma que la permisión en torno a postular candidatos ajenos, no implica que de resultar estos electos, sus triunfos deban ser computados al instituto que los siglo, lo cierto es que tal aseveración, se encamina igualmente a controvertir la distribución que los institutos políticos coaligados pactaron en el convenio respectivo, lo que se insiste, no fue objeto de controversia en su debida oportunidad, de forma que no es susceptible de análisis o escrutinio en este momento, atendiendo al principio de definitividad de las etapas del proceso electoral.

Del mismo modo, es de resaltar que los votos particulares que refiere, por su propia naturaleza, no resultan vinculatorios ni obligatorios para los tribunales electorales locales como el responsable, pues se trata tan solo, de la postura disidente de alguno de los integrantes de un órgano colegiado en materia electoral y no de la decisión definitoria adoptada por la mayoría en una controversia.

En esa tesitura, resulta inoperante el agravio F) hecho valer tanto por el Partido Revolucionario Institucional, así como por Gomer Monarrez Lara, pues aun de asistirles razón en cuanto a la incongruencia interna de la resolución impugnada -por estudiar si la coalición debía considerarse como una unidad, agravio que no fue planteado-, lo cierto es que el resto de sus alegaciones -falta de exhaustividad por omitir pronunciarse sobre el fraude a la ley cometido por MORENA- no son de prosperar pues se hacen descansar en un planteamiento que ya fue desestimado,[33] al caso, la oportunidad para cuestionar el origen o adscripción de las y los candidatos registrados por la Coalición Juntos Haremos Historia.

En la especie, se tiene que los accionantes se duelen de que el tribunal responsable consideró indebidamente como agravio que en la asignación de diputados de representación proporcional se debe tomar la votación de la coalición como una unidad y no en lo individual respecto de cada instituto político coaligado, y que por ello dejó de pronunciarse en torno al fraude a la ley cometido a su juicio por MORENA respecto a que diversos candidatos emanaron de un proceso interno de dicho partido e ilegalmente se consideraron asignados al Partido del Trabajo y Encuentro Social.

No obstante, como se razonó con antelación, la asignación de diputación de representación proporcional, no implica una nueva oportunidad para cuestionar o realizar un escrutinio sobre el origen o adscripción de las y los candidatos registrados por la Coalición Juntos Haremos Historia, atendiendo al principio de definitividad de las etapas del proceso electoral,[34] so pretexto de un presunto fraude por MORENA para efectos de la asignación de diputaciones; de ahí la inoperancia planteada.

Misma suerte corren, los argumentos esgrimidos por los enjuiciables en vía de agravio, y que derivan del voto particular de uno de los Magistrados integrantes del tribunal responsable, pues los agravios en los medios de impugnación deben confrontar todas y cada una de las consideraciones esenciales que llevaron a asumir las decisiones en el acto o resolución que se combate, de manera que acceder a la solicitud de los actores con la mera referencia de estimar como suyos argumentos expuestos por un magistrado disidente en un voto particular, propiciaría la promoción de medios de impugnación con consideraciones ajenas al promovente y carentes de materia controversial, que los hace inoperantes.[35]

Asimismo, resulta inoperante el agravio I) expuesto por el Partido del Trabajo, pues del análisis de su demanda primigenia ante el tribunal responsable, se advierte que este no hizo valer motivo de queja alguno en torno a la omisión de analizar el fraude a la ley que se alega cometió MORENA, de modo que, el hecho de que el medio de impugnación local interpuesto por dicho instituto se haya acumulado a otros distintos, no genera en su favor, la adquisición procesal de las pretensiones de un diverso partido actor.

Sobre el particular, cobra aplicación la jurisprudencia 2/2004 de rubro “ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE LAS PRETENSIONES”[36] conforme a la cual la acumulación de autos solo trae como consecuencia que la responsable los resuelva en una misma sentencia, sin que ello pueda configurar la adquisición procesal de las pretensiones en favor de las partes de uno u otro expediente, porque cada juicio es independiente y debe resolverse de acuerdo con la litis derivada de los planteamientos de los respectivos actores.

Es decir, los efectos de la acumulación son meramente procesales y en modo alguno pueden modificar los derechos sustantivos de las partes que intervienen en los diversos juicios, de tal forma que las pretensiones de unos puedan ser asumidas por otros en una ulterior instancia.

9.4. Agravios D) y E), indebida asignación al Partido del Trabajo e indebida aplicación del valor de asignación y cociente ajustados

Del escrito de demanda hecho valer por el ciudadano Mario Imaz López, se advierte que este refiere como agravios ante esta Sala Regional, que la asignación de una diputación por el principio de representación proporcional al Partido del Trabajo en la primera ronda es indebida, pues aun cuando dicha curul luego le fue restada por estar sobre representado, genera una distorsión en la votación para el desarrollo de la fórmula, como en el número de escaños restantes y que sirven de base para obtener el cociente natural.

Asimismo, señala que hubo una indebida aplicación del valor de asignación y cociente ajustados, por no descontarse los votos utilizados previamente, y con ello, se privó al Partido Sinaloense de una curul más por resto mayor y que corresponde al impetrante, pues al dejar de considerar que ningún instituto político contaba con votación suficiente para ser asignado en ese segmento, se debió realizar la asignación por resto mayor.

Tales motivos de reproche resultan inoperantes, pues del análisis tanto de la demanda interpuesta por el ciudadano actor ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa como de la sentencia combatida, se advierte que si bien este se dolió de que se hubiese tomado en cuenta al Partido del Trabajo y su votación en la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, lo cierto es que tal motivo de queja se enderezó sobre la base de que el citado instituto político no debía participar en dicha asignación por no haber postulado por sí mismo al menos diez candidatos por el principio en comento.

Al respecto, se tiene que el tribunal responsable determinó que el Partido del Trabajo sí cumplió con el requisito de participar en diez distritos uninominales, de modo que el resto de sus alegaciones -que no debía considerarse a dicho instituto ni su votación en la asignación correspondiente- se tornaron inoperantes, pues se hacían depender de una premisa mayor o principal que fue desestimada.

En esa tesitura, se tiene que los motivos de agravio esgrimidos ante esta Sala Regional resultan novedosos,[37] por encontrarse agregando elementos no aducidos ante la instancia local, para perfeccionar o mejorar el agravio primigenio, de manera que, en la medida en que no fueron planteados ante el tribunal responsable, este no estuvo en posibilidades de dar respuesta a ellos.

En ese sentido, toda vez que los agravios que expone ante esta Sala Regional no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia combatida - que el Partido del Trabajo sí cumplió con el requisito de participar en diez distritos uninominales y que por ende debía ser considerado en la asignación de mérito-, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo impugnado, resulta improcedente realizar un análisis de estos como de primera instancia, y en consecuencia, se tiene que no existe propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución impugnada.

9.5. Agravio H), Despojo de la diputación a que tiene derecho el Partido del Trabajo por superar el umbral legal establecido

Tanto la ciudadana Iliana Quintero León, como el Partido del Trabajo, refieren en esencia que el despojo de la diputación al Partido del Trabajo fue contrario a derecho, pues este tiene derecho a ella por superar el umbral legal establecido en la ley aplicable.

Dicho motivo de queja resulta inoperante, en virtud a que por lo que hace al Partido del Trabajo se trata de una reiteración del motivo de queja expuesto en la instancia primigenia, como se advierte a continuación: